Por Keren Trapunsky
Gerente de Inversión Social Corporativa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Comprometidos con el desarrollo a través de “Obras por impuestos”

Compartir:

Hasta el 2014 empresas invirtieron S/. 1,481 millones para financiar obras públicas.

La Ley de “Obras por Impuestos” (OXI) es el invento peruano de moda que también encaja dentro del rubro de la privatización: busca acelerar la ejecución de obras públicas prioritarias mediante su adjudicación a empresas privadas, con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. De manera individual o en consorcio, las compañías concursan para financiar y ejecutar los proyectos públicos priorizados por los Gobiernos Regionales, Locales, Universidades Públicas y, recientemente, por algunas instituciones del Gobierno Central. A su vez, estos últimos devuelven el financiamiento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin intereses, en un periodo de hasta diez años tras la culminación de la obra, a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones futuras.

Comprometidos-con-el-desarrollo-a-traves-de-Obras-por-impuestos-Blog-Backus-02

Las OXI traen beneficios para todos: para la entidad estatal, como una oportunidad de adelantar recursos financieros sin pagar intereses, con procedimientos más simples y una ejecución eficiente y ágil; para la sociedad, en la medida que las obras son de servicio público e impactan en el desarrollo socioeconómico; y para el sector privado, principalmente en términos de reputación y, en contados casos, cuando las obras impactan de alguna forma en su competitividad. No en vano, según ProInversión, entre 2009 y 2014 se adjudicaron 151 proyectos por S/.1,481 millones, involucrando a 74 municipalidades, 13 gobiernos regionales y 53 empresas que financiaron estas obras públicas en beneficio de más de ocho millones de peruanos.

Las OXI traen beneficios para todos: para la entidad estatal, como una oportunidad de adelantar recursos financieros sin pagar intereses, con procedimientos más simples y una ejecución eficiente y ágil; para la sociedad, en la medida que las obras son de servicio público e impactan en el desarrollo socioeconómico; y para el sector privado, principalmente en términos de reputación…

Desde la perspectiva privada

A pesar que la inversión en OXI es deducida del impuesto a la renta, es importante no perder de vista que el proceso no implica un costo cero para la empresa. En primer lugar, porque de acuerdo a la premisa más elemental de las finanzas, el dinero tiene un valor en el tiempo. Existe un impacto financiero al adelantar la tributación, pues cualquier entidad preferirá hacer pagos mañana en lugar de hoy; incluso, para multinacionales con políticas estrictas de pagos, implementar el mecanismo de OXI podría significar un desafío para mantener estables sus indicadores de reporte financiero. En segundo lugar, porque se requiere invertir en asesoría especializada y legal, para acompañar el proceso de postulación al concurso público, de ejecución de la obra y, finalmente, de obtención de los CIPRL ( 1 ) que permiten hacer efectiva la deducción de impuestos. Son pocas las entidades públicas que cuentan con experiencia en el manejo interno del mecanismo y, lo más probable, es que la hayan adquirido sobre la marcha. Finalmente, porque de todas formas es necesario contar con el recurso humano que, desde el interior de la compañía, liderará el proceso y asegurará no sólo la eficiencia en la ejecución, sino también el blindaje ante los riesgos financiero, político y de impacto reputacional asociados a la ejecución de cualquier obra de uso público. Todo lo antes mencionado tiene un costo desde la perspectiva económica, pues son gastos no reconocidos por la normativa e imposibles de ser recuperados.

Hasta el momento, la ley y su reglamento no proponen incentivos explícitos para la empresa privada, más allá del impacto en su reputación. Buscando crear valor compartido, el sector privado podría dirigir su accionar en OXI hacia la selección de proyectos que beneficien a las comunidades en las que opera y que, a su vez, tengan valor empresarial al aprovechar una oportunidad o mitigar un riesgo que impacten en su operación. Una experiencia que ejemplifica esta última idea fue la de Backus y la ejecución de las obras de mejoramiento de las Avenidas Fernandini y Tahuaycani, en alianza con la Municipalidad de Sachaca, en Arequipa. Ambos proyectos, que involucraron un monto de S/. 5.2 millones, no sólo beneficiaron a los 118 mil habitantes del distrito con el mejoramiento de las vías, sino que también se adecuó el sistema de drenaje para evitar las inundaciones que cada año afectaban a los vecinos de Sachaca y a la empresa durante la época de lluvias, mitigando así un riesgo operacional importante para esta última.

Desde su rol como promotores del uso de este mecanismo, en diciembre de 2014, ProInversión organizó una ceremonia de premiación pública a los actores involucrados en OXI que destacaron por su gestión en diferentes categorías. Si bien este tipo de reconocimientos contribuyen a asociar la imagen de las empresas con las obras de alto impacto social que ejecutan, acciones tales como trabajar en fortalecer las capacidades de gestión de los funcionarios públicos que administran las OXI, podrían significar un atractivo importante que incentive a más compañías a invertir empleando el mecanismo.

____________________________________________________________

( 1 ) Certificado “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público” (CIPRL), documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, que tiene por finalidad la cancelación del monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de inversión. Fuente: MEF.

Compartir: